Lo que tiene qué hacer es pagarle sus honorarios al abogado que contrató, ya que tiene derecho a ellos, con indepéndencia de cuál haya sido el resultado del juicio.

Las consecuencias de la apelación son que, si pierde la segunda instancia, además de que también tendrá que pagarle sus honorarios al nuevo abogado que contrate, será también condenado al pago de gastos procesales en la segunda instancia.

Y si después resuelve promover el amparo directo, también tendrá que pagar los honorarios del abogado, con independencia de que le concedan o nieguen la protección constitucional.