Recientemente el senador Jorge Luis Preciado ha anunciado una propuesta para legalizar la portación de armas de fuego manifestando que el entorno social del país requiere que los ciudadanos podamos defendernos de la delincuencia, por su parte la oposición ha manifestado que la violencia solo genera violencia, que es un deber del estado el otorgar seguridad pública y que además se requeriría reformar el artículo 10 de nuestra carta magna lo que no sucedería. Es increíble que para nuestros legisladores pase inadvertido el texto constitucional y formulen una controversia en donde no la hay, lo primero por considera es que el artículo 10 señala “…La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.” Por lo que la iniciativa del senador Jorge no es algo novedoso y no se requiere de ninguna reforma constitucional para ello, se trata más bien de sin sentidos legislativos, algo así como la “legalización” de los matrimonios gay los cuales ya se habían reconocido por la Corte pero que fueron estandarte de innovación de peña. . Siguiendo con este hilo los detractores de la “propuesta” afirman que no debe pasarse a los ciudadanos el costo de la seguridad pública que es un deber del estado, pero si hay inseguridad significa que el estado no está cumpliendo con su función así que no hacen su trabajo y no quieren que lo hagan los afectados, pero ¿Qué hay de las corporaciones de seguridad privada? Esos civiles entrenados en el uso de armas que portan permisos para su uso ¿Cómo aplica esa excepción? ¿Solo se me autorizan esos permisos si es negocio para el estado y para mí el otorgamiento? Desde aquí vemos, de nueva cuenta, la doble moral del estado que por debajo de la mesa asigna esos permisos mientras que en público no quiere autorizarlos, pero vamos más allá, en el año 2004 fue publicada una nota en donde Eduardo Capetillo repelió una agresión desde su automóvil empleando un arma de fuego de la que poseía un PERMISO DE PORTACIÓN, así que ¿La ciudadanía VIP si puede hacerse de permisos para portar armas? . Finalmente debemos entender el máximo sinsentido legislativo y es que se ha instaurado una figura para la posesión de las armas de fuego en nuestros domicilios, permiso que implica un “estudio” de nuestra conducta en el que de encontrásemos aptos se nos extiende este permiso, más aún hay un permiso para cazar en el que se nos permite portar armas bajo más requisitos, pero si hablamos de un permiso simple de portación este se niega, lo que implica que al salir de nuestro domicilio somos criminales en potencia que en cualquier momento comentaran un delito situación que evidentemente viola nuestros derechos humanos, pero este es nuestro México lugar de legisladores iletrados y de burócratas temerosos de un nuevo golpe armado, pregúntenle al equipo de peña ¿por qué crea castillos en las zonas en las que se presentara su jefe? Si es que no me creen.

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Autor: Diego_V (Visita mi Oficina)