stán de moda por lo visto las alianzas entre partidos políticos sustancialmente contrarios. Lo que en realidad ocurre es que a lo mejor no son tan contrarios. o al menos sus directivas actuales.

En materia política la alianza entre el PRD y el PAN, obviamente hecha para excluir al PRI del poder, lo que se ha logrado en algunos estados, ha sido ampliamente criticada porque los partidos que la celebran nada tienen que hacer entre sí. Ya veremos sus iniciativas para tratar de ubicarlas en un mundo político razonable. Dudo que las haya de ese género.

Ahora la alianza es diferente. Celebrada nada menos que entre el PRI y el PAN sobre los términos de una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Aquí mismo hemos leído la justa opinión de Arturo Alcalde y el resultado de una entrevista telefónica que se me hizo. Pero vale la pena insistir en algunos puntos.

El tema en lo sustancial está en lo que se propone y en lo que se olvida.

Respecto de lo primero, resalta la precariedad de las relaciones individuales de trabajo a prueba, por tiempo fijo, para capacitación (que ya existe en la ley actual) y la disminución en el importe de los salarios caídos en caso de despido injustificado. Se trata, simplemente, de servir a los patrones en lo que más les duele.

El aviso de despido se transforma en una carta por correo, certificada, que no conduce a nada, suprimiendo el aviso personal o mediante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA).

Se aumentan las causas de despido por supuestos actos de violencia en contra de algún cliente. Pero como afirma Norahemid Amezcua Ornela en un estupendo artículo sobre el tema, nada se dice si ocurre lo contrario. El trabajador agredido se tendrá que conformar con la agresión.

Se defiende el outsourcing, mecanismo truculento para disimular las responsabilidades laborales, excluyendo de ellas a la empresa beneficiaria de los servicios y que hoy en día está francamente de moda para ahorrar al empresario gastos de despido y reparto de utilidades.

Olvidando una oferta previa, el PRI propone se mantenga la semana de 48 horas en lugar de las 40 horas que antes había planteado.

Lo más grave del caso, en mi concepto, es conservar a las JCA y, sobre todo, reservar para ellas y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el registro de los sindicatos y las tomas de nota de sus directivos.

En un proyecto que el grupo del PAN en el Senado presentó hace algunos años, preparado por Carlos de Buen y quien esto escribe, se planteó su sustitución por juzgados de lo social para superar la absoluta dependencia de las autoridades ejecutivas. Se seguía la fórmula española visible en la Constitución democrática de 1978 que acabó con el modelo fascista de la Magistratura del Trabajo, del cual nuestras JCA son rotunda copia. La inventó Mussolini y la copió Franco. En su lugar se proponía la constitución de jueces de lo social dependientes del Poder Judicial. Por supuesto que el PRI impidió que ese proyecto pasara a comisiones.

En México, el registro de los sindicatos y la toma de nota de sus directivas están en manos de la STPS y de las JCA y ya se pueden imaginar las consecuencias. Tenemos ejemplos de sobra en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y del sindicato minero.

En cierto modo ocurre lo mismo con el derecho de huelga, cuya calificación hacen las JCA obedeciendo, por supuesto, las órdenes de arriba.

Hay sin duda el riesgo de que la alianza entre el PRI y el PAN para estos casos sea efectiva. El PRD, si supera sus problemas internos, y los demás partidos de izquierda tienen que prepararse para dar la batalla. Cuentan desde luego con un conjunto de especialistas de primer rango y hoy en día se anuncian reuniones académicas que van a tocar el tema, inclusive en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la Universidad Obrera. Hará falta, por supuesto, un apoyo total por parte de la prensa democrática.

Los sindicatos independientes tienen también la palabra. Y por supuesto que tendrá que ser mucho más expresiva que la voz de la CTM, aliada incondicional del PRI y símbolo evidente del corporativismo sindical.