El título me parece de lo más apropiado al caso que en los últimos días viene ocupando buena parte de los espacios periodísticos y noticiosos, porque en el fondo lo único que en realidad se ha desatado son acciones perfectamente delineadas desde el poder ejecutivo federal para evitar, aún a costa del mínimo saldo de haberes políticos que le quedan en este año en que concluye su gestión (A.D.G*, dirían en mi pueblo), que la verdad salga libre.

Más preocupante es observar cómo, a través de una de las herramientas favoritas del poder como lo es la polarización social – no por nada emergió el adagio popular divide y vencerás – se utiliza como colorante artificial para ocultar la pervertida intención de encubrir la verdad: un iluso funcionario amante de juguetes milicianos tuvo la brillante idea de “apantallar a su jefe” escenificando la aprehensión y el rescate de unas personas supuestamente secuestradas, utilizando sin recato alguno las consabidas relaciones oficiales entre medios televisivos afines.

Los efectos corruptores de la investigación de los hechos a raíz de esta acción es lo que subyace en el planteamiento constitucional del caso abordado por el Ministro Zaldívar (lo escribo con Z porque al parecer él así lo firma). Y este planteamiento es el que no conviene al gobierno, no porque se hallen, además, implicados otros elementos como la asistencia consular a una extranjera inculpada, no, lo que en realidad se teme por el líder del cártel funerario en que se ha convertido el gobierno, son los hechos que en cascada se pondrán al descubierto en todos los juicios o procesos en que la metodología de las investigaciones, amén de la tortura y las confesiones extrajudiciales, parten de la exposición pública de los imados para la obtención de una condena ciudadana de carácter preliminar, como desde hace muchísimos años se hace en este país y de la cual, los medios de comunicación han hecho verdaderas riquezas explotando la miseria mórbida humana.

Esto es lo destacable de un proyecto consecuente con el respeto a los derechos humanos, pues el amarillismo y la impunidad en el manejo de la información da al traste con cualquier principio de presunción de inocencia.

Quizá nuestro mortífero chapo se salga con la suya, quizá no. En la Suprema Corte existe, como en todo el sistema político mexicano, un acendrado compadrazgo partidista, pero también voluntades libres y deseosas de sentar las bases de un sistema judicial respetuoso de los derechos humanos y de las garantías que retóricamente los salvaguardan.

Por último me congratulo de observar que son más las voces intelectuales y públicas que comparten la visión anterior aún a riesgo de que, la contraparte social intolerante y de profundos golpes de pecho, nos llame irresponsables, olvidando que, sin las bases constitucionales ningún orden jurídico se justifica y mucho menos puede reclamar legalidad.

* Abreviatura popular de la expresión A Dios, gracias.

LA VERDAD SECUESTRADA

Héctor Aguilar Camín - Milenio, Marzo 12, 2012

Con el título de esta columna, “Florence Cassez: la verdad secuestrada”, Héctor de Mauleón publicó en la edición de Nexos del mes de julio de 2011 una lectura del expediente judicial que llevó a la cárcel, acusada de secuestro, a esta ciudadana francesa.

El ministro de la Corte Arturo Zaldívar ha emitido su juicio al respecto. Encontró en el expediente las mismas irregularidades que había hecho visibles De Mauleón en su inquietante y preciso relato del secuestro de la verdad que el caso implica.

El expediente consta de 13 tomos, a los que De Mauleón acudió con el propósito de reconstruir lo sucedido en un caso que era ya sólo un juego de sombras y versiones interesadas.

Luego de dos meses de lectura del expediente, abultado con declaraciones de testigos que dicen cosas distintas cada vez, De Mauleón pudo construir no la crónica de un caso, sino algo más revelador: la metáfora acabada de un sistema de acusación penal.

“Al final de la historia”, dice la revista Nexos en la presentación del texto de De Mauleón, “los únicos hechos comprobables del expediente son la manipulación sistemática, la impunidad de origen en el trato de acusados y testigos, el manejo de los medios para construir versiones ad hoc”.

Es imposible saber por los documentos judiciales que la acusan si Florence Cassez “es inocente o culpable”, agrega la revista, “si los secuestrados fueron efectivamente secuestrados y si dicen la verdad en su primera, en su segunda o en su tercera declaración; no podemos saber siquiera si existió la organización delictiva sobre la que está construido el caso, aunque es claro que la parte fundamental de esta banda se encuentra libre, que hubo víctimas, que hubo verdugos y que en muchos momentos los verdugos son los investigadores del caso, que operan en la opacidad, torturan, inducen declaraciones, alteran los hechos y montan espectáculos para los medios”.

De Mauleón no pudo hacer, como era su propósito, un relato de lo sucedido a Florence Cassez. Hizo, como digo, algo mejor: un retrato encarnado del siniestro juego de fabricaciones a que puede dar lugar el sistema de investigación penal vigente en México.

El juicio concurrente del ministro Zaldívar sobre las irregularidades del caso le devuelve a este texto una inquietante y merecida actualidad.

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Autor: LicVelazquez (Visita mi Oficina)