Estimado consultante, su problema puede ser atendido desde diferentes instancias. Desde luego una es la que ya está intentando en su calidad de consumidor de servicios educativos privativos. Otra desde luego es una queja formal por esta forma de venta forzada de servicios accesorios con afectación de los fines de educación, los cuales están perfectamente regulados y sujetos a supevisión, incluyendo los privados, por parte de la dependencias educativas del estado de Sonora, en particula las llamas Inspecciones Escolares.

En su caso, en el extremo caso de que se le impida el acceso a la insttución, Usted puede promover un juicio de amparo y solicitar la suspensión de los acts reclamados para el efecto de que, el Juez federal ordene se permita su acceso a los servicios escolares, todo ello en el marco de la ultima reforma constitucional en materia de derechos humanos y la nueva ley de amparo que expresamente reconoce la posibilidad de que los paticulares cometan violaciones a derechos fundamentales.

Cualquiera de esas acciones o todas ellas son factibles al amparo de la indignación ciudadana, pero solamente a Usted le compete realizar el análisis de costo beneficio para llevarlas a cabo, porque como Usted sabe, los costos del uniforme seguramente son menores que los recursos legales.

Pese a lo anterior le recomiendo, si está en sus posbilidades, seguir adelante y no permitir este tipo de abusos. 

Saludos.