El porcentaje razonable para los alimentos de dos hijos, fluctúa entre el 40% y el 50% de sus ingresos, esto es, sueldo y prestaciones ordinarias y extraordinarias, incluídas las comisiones, ya que éstas las recibe como pago del trabajo que presta y, por tanto, forman parte de su salario, independientemente que se le paguen vía nónima o no.

Ese porcentaje cubre todos los alimentos, esto es, habitación, comida, vestido, gastos para la conservación de la salud, educación, diversión y entretenimiento de sus hijos, de forma tal que si alguna de ellas, la ministra en especie, como es la habitación que les proporciona al vivir en la casa que usted adquirió mediante un crédito del Infonavit, el porcentaje señalado anteriormente podrá reducirse entre un 5% y un 10%.

La circunstancia que su mujer le haya sido infiel, por una parte y respecto los alimentos a que sus hijos tienen derecho, es intrascendente, pues ellos ni tuvieron responsabilidad alguna en esos hechos, ni tampoco deben sufrir las consecuencias del supuesto desliz que usted le atribuye a su cónyuge, y por la otra, si la infidelidad que usted menciona (que en un juicio de divorcio usted tendría que acreditar plenamente que su esposa sostuvo relaciones sexuales con un tercero, lo que materialmente se torna poco menos que imposible), ocurrió hace más de seis meses, entonces usted otorgó a su cónyuge el perdón tácito, de forma tal que no puede invocarla como causal para la disolución del vínculo matrimonial.

Además, tenga en cuenta que si su esposa decide demandarle a usted el pago y aseguramiento de una pensióin alimenticia, no solamente para sus dos hijos, sino también para ella, el juez se la concederá y entonces, es probable que el porcentaje de esos alimentos para los tres, llegue a alcanzar el 60% de todos sus ingresos, ya que si una vez que la empresa reciba el Oficio en que se le ordene proceda a hacerle los descuentos y las cantidades resultantes se le entreguen a su mujer, el patrón oculta y deja de hacer el descuento de las comisiones, entonces también tendrá una responsabilidad penal derivado de la desobediencia a un mandato legítimo de autoridad.