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Esto de acuerdo con lo sustentado en la Tesis 2a.
LXIII/2003, Novena Época, Segunda Sala, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Mayo de
2003, Página: 302, que dice: “PRUEBAS EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1198
DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE ESTABLECE LOS
REQUISITOS BAJO LOS CUALES DEBERÁN OFRECERSE Y
LAS FACULTADES DEL JUZGADOR PARA DESECHARLAS
CUANDO NO SE REÚNAN, NO TRANSGREDE LAS
GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO. El artículo
1198 del Código de Comercio, del cual se infiere que dentro del
procedimiento especial mercantil no se admitirán las pruebas que
se ofrezcan sin expresar cuál es el hecho o hechos que con ellas
se trata de demostrar, así como las razones por las que el oferente estima que con tales medios probatorios demostrará sus
afirmaciones, y que el juzgador está facultado para desecharlas en
caso de que, a su juicio, no se hayan cumplido tales requisitos, no
transgrede las garantías de audiencia y debido proceso
consagradas en el artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque los
requisitos que condicionan el ofrecimiento de pruebas no
restringen la capacidad probatoria de las partes, ni las priva de su
derecho de aportarlas, sino que únicamente las constriñe a cumplir
una obligación que constituye una formalidad más del
procedimiento, la cual tiende a evitar que se ofrezcan pruebas que
no guarden relación con los hechos motivo de la controversia o
que no tengan aptitud para probarlos, lo que prolongaría de
manera injustificada el procedimiento mercantil. Además, las
facultades discrecionales concedidas al juzgador para valorar si en
un caso determinado se reunieron aquellos requisitos, y para
desechar las pruebas en caso contrario, tampoco transgrede las
referidas garantías constitucionales, pues para que se aplique la
norma es necesario que alguien determine si en un caso concreto
se cumplieron o no los lineamientos que el mismo precepto
establece, de manera que, en este sentido, las partes conocen las
exigencias bajo las cuales habrán de ofrecer sus pruebas y la sanción que se les aplicará en caso de no cumplir con ellas, en el
entendido de que la norma concede la oportunidad a las partes de
ofrecer las pruebas que estimen convenientes, con independencia
de la manera correcta o incorrecta en que lo hagan, situación que
en todo caso constituye un problema de legalidad, pero que no
implica una limitación a la capacidad probatoria de las partes.”
Amparo directo en revisión 1274/2002. Triturados Basálticos y
Derivados, S.A. de C.V. 21 de febrero de 2003. Cinco votos.
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Constanza
Tort San Román.
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