Ciudad de México.- El Presidente Felipe Calderón promulgó las reformas a los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política, vinculados con el juicio de amparo, para favorecer la protección de los derechos de los ciudadanos.

"Esta es la reforma más importante en cuanto a la ampliación de los derechos ciudadanos en muchas décadas", evaluó el Mandatario federal tras firmar el decreto respectivo, en presencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza; y del Presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones.

Con la reforma promulgada, explicó el Presidente Calderón, se amplía el ámbito protector del juicio de amparo para ofrecer una plena cobertura de los derechos humanos.

"A partir de la entrada en vigor de esta reforma, dentro de 120 días, los ciudadanos podrán interponer juicios de amparo cuando consideren que han sido violados, no sólo los derechos establecidos en la legislación, sino los derechos humanos en general. (...) Los ciudadanos podrán interponer, ahora, amparos cuando consideren que han sido violentados, no sólo los derechos garantizados en las leyes, sino en los tratados internacionales ratificados por México y que, desde luego, están apoyados, precisamente, ahora por nuestro sistema constitucional y legal, a través de la institución del amparo", celebró.

Otro de los méritos de la reforma es que a la Constitución se incorpora la figura de amparo por omisión de la autoridad, para que puedan ser presentados amparos, no sólo en los casos en que la autoridad viole de manera activa los derechos humanos, con alguna acción, sino también cuando la violación sea producto de una inacción o de una violación pasiva de las autoridades.

Con la reforma, se ve fortalecido notablemente el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional y se le da mucho más certeza a la ciudadanía sobre los criterios de aplicación de las normas.

En palabras del Presidente, la reforma abarcará al conjunto de la sociedad. En este orden, dijo que es evidente que conlleva avances audaces al crear las declaratorias generales de inconstitucionalidad, que abrirán la posibilidad de que cuando una norma general sea señalada como inconstitucional a partir del juicio de amparo, ésta deje de aplicarse con efectos generales.

"Pienso que toda ley es perfectible y pienso también que toda reforma, una reforma tan audaz y profunda como la que hoy se promulga, tiene riesgos. Pero, también, que cuando se trata de ampliar los derechos de los ciudadanos, esos riesgos deben de correrse", propuso.