rafabusat:
En primer lugar le informo que usted escribe su consulta usando solamente letras mayúsculas, lo cual es un insulto en Internet, por lo que me abstengo de intervenir en este tipo de conbsultas y solamente lo hago en este caso, debido a que me llamó mucho la atención la falta de respuestas y la total falta de proffesionalismo de diversas personas que supuestamente son abogados, ya que existimos los profesionales y, a diferencia de los profesionales también hay "profesionistas".
Su amigo debe ser un profesionista, es decir, un malo o pésimo abogado, porque profesional seguro que no lo es.
En efecto, resulta que usted carece de obligación alguna para atender un citatorio enviado a su domicilio ubicado en el Estado de México, cuando dicho citatorio proviene de una autoridad local del Distrito Federal o de algún otro estado.
Nunca he permitido que mis clientes hagan caso de esos citatorios que son perfectamente ilegales, pues para que una persona con domicilio en diferente entidad federativa de la de la autoridad requirente, es menester que ésta envíe deglose (copia certificada) del expediente, para que sea el agente del Ministerio Público más cercano al domicilio de quien deba declarar el que tome la declaración, y además que envíe, en su caso, el pliego de las preguntas que desea que sean contestadas. No importa que quien deba declarar sea testigo o sea probable responsable.
Lo anterior tiene su fundamento en que las autoridades tienen un campo de acción territorial perfectamente delimitado y para realizar las declaraciones comforme le he explicado, existe un Convenio de Colaboración firmado por la PGR y todas las procuradurías estatales.
Además del convenio anteriormente mencionado, resulta que en todas y cada una de las legislaciones procesales penales podrá usted encontrar un precepto legal que ordena que los gastos que se originen por diligencias ordenadas por el juez penal o el agente del Ministerio Público serán pagados por el estado, así que, en algunos casos he hecho que mis clientes firmen sendas promociones alegando lo que antes he manifestado y, exigiendo que, en su caso, las autoridades ciitantes manden anexo a sus citatorios los gastos de transportes, alimentos y alojamiento de los citados, y esto lo he hecho en plan de franca burla al demostrar la ignorancia de varios jueces y muchísimos agentes del Ministerio Público.
Finalmente le hago saber que los agentes de la policía investigadora ministerial del D. F. carecen de facultades para ir a buscarlo al Estado de México o a cualquier otro estado, para ello existen los convenios de colaboración que ya mencioné líneas arriba.
