Muy buenos días estimados abogados.
Agradecería pudieran asesorarme en el siguiente caso: En Julio de 2011 mi padrastro fue detenido, secuestrado y torturado por un lapso de 6 horas por parte de la PEP del estado de Chiapas en la ciudad de Comitán, lo anterior porque fue confundido con narcotraficante, sin embargo, al ver que esta persona no tenía nexo alguno con el crimen organizado fue liberado y puesto a disposición de la comandancia municipal por supuesto escándalo y ebriedad en la vía pública, no sin antes recibir amenaza de muerte a él y toda la familia en caso de que procediera legalmente contra ellos. Cabe mencionar que cuatro familiares son testigos de que estuvo detenido en las instalaciones de PEP. Aproximadamente dos días después se procedió a levantar denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Ministerio público de la localidad, sin embargo, dos semanas después una persona llego al negocio familiar preguntando si estaba a la venta la camioneta del afectado, ingenuamente se le permitió revisarla, la persona se retiró de la casa y por la tarde marcó al número de la casa para preguntar si el afectado podía ir a determinado lugar para llevar la camioneta, no obstante, como se había notado que estábamos siendo vigilados, se le respondió a la persona que no, que si estaba interesado en hacer alguna transacción se trasladará al domicilio y con gusto sería atendido. Esa misma tarde el afectado salió del domicilio para arreglar unos asuntos familiares, a su regreso fue interceptado por miembros de la PEP antes de ingresar a su domicilio, se le pidió bajar de su camioneta para hacer una revisión, en ese momento, suponemos, sustrajeron de debajo del sillón del copiloto una pequeña bolsa, del tamaño de un sobre de café, con mariguana, y bajo pretexto de llevar consigo droga fue, nuevamente, trasladados a las instalaciones policiacas. Por segunda vez fue detenido y torturado, en esta ocasión como represalia a la denuncia. Fue remitido a la AFI, en donde fue examinado por un médico legista quien pudo notar en el precario estado en que presentaron al detenido. La familia contrató a un abogado quien logró un amparo, aunque no informó que el proceso continuaba para presentar pruebas a su favor, y en vista de la situación la cual hizo perder en menos de un mes todo el patrimonio de la familia y posiblemente la vida, procedimos a abandonar nuestra ciudad natal con deudas, daños psicológicos y la reación puesta en duda. Desde otro estado se trasladó cada quince días a la ciudad de Tuxtla Gtz. el afectado para enfrentar en libertad su proceso, el cual a pesar de estar lleno de irregularidades por parte de los elementos de la PEP que se presentaron a dar declaración fue señalado culpable por delitos a la salud, sin embargo, se interpusó un recurso legal y se logró, en Mayo de 2012, la libertad absoluta por falta de pruebas. Hoy en día nos encontramos en espera del dictamen que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el caso. Cabe hacer mención que se procedió a hacer evaluación psicológica, según protocolo de Estambul, para detectar tortura.
Ahora bien, queremos proceder legalmente en contra de quien resulte afectado para que nos hagan justicia, o en su defecto, el Estado de Chiapas proceda a hacer una revisión de cada uno de los elementos policiacos que tiene en servicio a fin de disminuir estos incidentes, además de que solicitamos resarcición económica, psicológica y pública del daño, por lo cual, como ya he mencionado, agradecería pudiesen asesorarnos para saber cómo proceder.
Sin más por el momento me encuentro a sus órdenes.
