Estado de Referencia: Oaxaca

Hola buenas tardes...

soy Israel y mi pregunta es la siguiente:

Soy supervisor de una cadena de tiendas y dos personas q defraudaron e hicieron malos manejos en lo contable y administrativo se fueron solos argumentando q tenian mejores proyectos a futuro. Entonces empezamos a descubrir todo lo que habian hecho pero sin pruebas de lo que hicieron ya que era un matrimonio ella era la contadora y encargada de la tienda matriz y el llevaba el control de inventarios, ellos planean venir en unos dias y reclamar una indemnizacion o finiquito que podemos hacer ya que no sabemos si poner un amparo o que hacemos ayudenos...

Israel....

pildorini:

El representante legal de la empresa urgentemente debe contratar a un auditor externo y a un abogado.

El auditor externo de preferencia debe estar certificado por el Colegio Nacional de Contadores, así como estar autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.) para elaborar dictámenes financieros con efectos fiscales, y para que practique auditoría completa y aplicando las Normas de Información Financiera (N.I.F.), sobre todos los libros de contabilidad, declaraciones parciales y anuales, inventarios, libros mayor, diario, de balances, etc…, pues su informe final de auditoría y sus papeles de trabajo deben ser aportados a la averiguación previa que se inicie por la denuncia respectiva.

Desde luego que el abogado que contraten debe asesorar al Representante Legal de la empresa para la elaboración, presentación y ratificación de la querella que se formule ante el agente del Ministerio Público, con la importantísima aclaración de que esta querella debió de haber sido formulada desde hace mucho tiempo atrás, y de hecho la auditoría que aconsejo debió ser hecha desde el día siguiente a que ese matrimonio dejó sus respectivos empleos.

Otra aclaración importante es que la auditoría que refiero es la prueba que se necesita para que los peritos en contabilidad que tiene la Procuraduría de Justicia, piedan dictaminar la existencia y monto del daño patrimonial sufrido por la empresa como consecuencia del robo de los empleados y el fraude cometido por los mismos.