uevamente se ha abierto la discusión a propósito del derecho de las mujeres a elegir qué quieren hacer con su cuerpo de ellas, y con su vida de ellas. Quienes creímos que el tema había sido superado, y que podíamos dormir en paz bajo la protección de la ley gracias a la despenalización del aborto que se votó en el Distrito Federal en 2007, perdimos de vista que el derecho a la vida desde la concepción es uno de los temas fuertes de la plataforma de gobierno de Felipe Calderón. Tanto así que se repite hasta tres veces en ese documento; de hecho, es el único asunto sobre el cual no hay ni dudas ni titubeos. Aparece primero como una de las creencias fundamentales de los panistas, de aquéllas que forman parte integral de su identidad; luego, se repite como uno de los compromisos de sus programas de gobierno; y, por último, se plantea como uno de los fines trascendentes del partido. De manera que no es de extrañar que el Presidente se haya involucrado en el debate que se desarrolla en este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo que ahora estamos viendo es un nuevo episodio de la ofensiva que iniciaron la Iglesia católica y numerosas organizaciones que de ella dependen, por ejemplo, los simpatizantes de Pro Vida están en un estado febril de actividad, desde el voto en la capital de la República, en contra de una de las disposiciones más progresistas y liberadoras de la legislación mexicana, como si quisieran avanzar su posición ahora que están en el poder, antes de la previsible derrota de 2012.

¿Previsible derrota? El apoyo que ha logrado allegarse entre los partidos el movimiento en contra de la despenalización del aborto, pretende ser un indicador del estado de la opinión en los meses previos a la elección presidencial, en relación con un tema que toca creencias y conciencias; pero ¿lo es? No vaya a ser que los señores legisladores se equivoquen. ¿Es también un indicador de la opinión en referencia a otros asuntos de la moral social sobre los que los legisladores callan porque resulta demasiado escandaloso que un gobierno dicte el largo de las faldas de las mujeres, o que prohíba que los novios se besen en la calle? Aunque bien sabemos que la oposición al derecho a decidir normalmente ha ido acompañada de medidas así de puritanas y ridículas.

Hasta ahora más de 10 estados han introducido en su legislación la precisión de que la ley protege la vida humana desde la concepción, lo cual supone que la interrupción del embarazo queda en la ilegalidad, aun cuando sea producto de una violación o ponga en peligro la vida de la mujer. Entre los estados que están en contra del derecho a decidir de las mujeres hay algunos cuya posición sorprende porque no se han distinguido por su religiosidad: Durango, Quintana Roo, Sonora, Veracruz. En cambio, era esperable que Colima, Jalisco, Morelos, Puebla o San Luis Potosí se sumaran a la ofensiva. Pero lo que sorprende todavía más es que en casi todos los casos los legisladores han votado en mayorías aplastantes un cambio que, como lo ha señalado la ministra Olga Sánchez Cordero, vulnera los derechos reproductivos y de la salud de las mujeres.

Revisé las listas de los legisladores que votaron en contra del derecho a decidir, y encontré que invariablemente se formó una alianza PRI-PAN, que a veces se amplió con el apoyo del Partido Nueva Alianza o del Partido Verde. Estos acuerdos legislativos son francamente inquietantes, sobre todo porque sugiere que los diados han adoptado las posturas de la Iglesia en un asunto que no es precisamente el fuerte del Vaticano: los derechos de las mujeres. Yo me pregunto si los legisladores priístas se han puesto a pensar en las implicaciones de su voto para las tradiciones de su propio partido, que está asociado a la defensa del Estado laico y que piensa volver al poder como una organización digna del siglo XXI. Pero además, me llama la atención que puedan ponerse de acuerdo en este tema; en cambio, asuntos como las medidas para prevenir el lavado de dinero han resultado intratables. Con base en los patrones de comportamiento de los diados, me atrevo a pensar que se han puesto de acuerdo en la noción de que la vida inicia desde la concepción porque ese tema en realidad no les importa.

En 2009 el órgano de la arquidiócesis de México, Desde la fe, llamó al Distrito Federal ciudad homicida. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el cardenal Norberto Rivera Carrera han sido enfáticos y definitivos: la Iglesia no puede callar ante lo que considera un crimen. De acuerdo. ¿Cuándo fue que hicieron la última declaración en contra de los narcotraficantes? Hasta donde entiendo ellos son bastante criminales, y sin embargo, entre las pocas cosas que se le han ocurrido hacer al arzobispo de Guadalajara es solicitarles que no perturben las cosas de Dios porque se echan la sal. Un tirón de orejas me parece poca cosa para quienes en cambio las cortan, las cuelgan en el periférico, cuando no las cocinan y las entregan por DHL o en mano.

En cambio, el mismo Sandoval Íñiguez ha pronunciado la peor de las sanciones que puede dictar la Iglesia a sus creyentes: quienes promueven y aprueban leyes a favor del aborto están fuera de la Iglesia y no deben acercarse a comulgar. Es decir, la excomunión para quienes defienden los derechos de las mujeres, o reflexionan sobre los dramáticos dilemas que a veces se le presentan a la mujer embarazada, y le ofrecen una estructura de ayuda. Es tal la desmesura de la comparación de las actitudes de los arzobispos hacia las mujeres y hacia los narcotraficantes, que me puedo imaginar que en realidad el tema tampoco les importa.